Consenso para la protección y alternativa al aborto

Leamos este artículo con sentido común, aunque últimamente no sea el más común de los sentidos.

EL CONSENSO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD, UNA ALTERNATIVA REAL

Y VIABLE AL ABORTO

El Presidente de la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid (ABIMAD), Dr. José Jara Rascón, ha puesto de manifiesto en Diario Médico cómo la apuesta por la protección de la mujer embarazada ante situaciones difíciles es una alternativa real al aborto, sobre la cual no debiera ser complejo alcanzar amplios consensos. Las iniciativas legislativas autonómicas creando redes de apoyo a la maternidad así parecen demostrarlo. El reciente Protocolo de Actuación Conjunta entre  las Consejerías de Familia, Sanidad y Educación de Castilla y León es, tal y como señala el Dr. Jara, un buen ejemplo a seguir.

Por el interés de este planteamiento, ofrecemos a continuación el artículo del Presidente de ABIMAD así como el documento íntegro del Protocolo de Actuación Conjunta de CyL al que acabamos de aludir.

LA LEY DEL ABORTO Y EL CONSENSO POSIBLE

José Jara Rascón, Presidente de la Asociación de Bioética de Madrid

Diario Médico, 27/’1/2013 a 02/02/2014

Antes de ensalzar o criticar el nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada habría que comenzar por enfatizar el deber del personal sanitario de leerlo de modo detenido y, a ser posible, libre de prejuicios o ideas preconcebidas. El anteproyecto incluye modificaciones de varias de las leyes sanitarias vigentes, incluyendo la Ley General de Sanidad, por lo que su interés desborda al ámbito concreto de las interrupciones voluntarias del embarazo, implicando también a atención primaria, Psiquiatría y trabajadores sociales.

Probablemente, el cambio que se propugna en la exposición de motivos del anteproyecto puede parecer desconcertante para algunos, sustituyendo los plazos temporales por supuestos determinados. Es posible que ello se deba a que las posiciones respecto al aborto han permanecido anquilosadas durante décadas sin lograr resolver la circunstancia de “conflicto” que plantea la situación del embarazo no deseado (concepto recogido en el informe del Comité de Bioética de España 2009), con la peculiaridad de que, como recuerda el anteproyecto, “esta situación no tiene parangón con otra alguna, dada la especial relación del feto respecto de la madre”.

Por ello, este intento de definir adecuadamente los valores y conflictos en juego no debería ser tomado a la ligera, haciendo descalificaciones globales. En el camino hasta su final aprobación legislativa, todos y quizás especialmente la Organización Médica Colegial (OMC), tendremos la responsabilidad de aportar propuestas constructivas que mejoren la situación actual para que el número de abortos no siga creciendo, con mínimos cambios, de año en año como hasta ahora. La cifra de 112.390 abortos en el último año evaluado no parece que socialmente pueda ser ocasión de orgullo.

Deberíamos recordar que el Enfoque estratégico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para fortalecer políticas y programas de salud sexual y reproductiva 2008 mencionaba que cada país debería arbitrar las medidas oportunas para que las mujeres no se vean obligadas a abortar. Por este motivo, la discusión debería reconducirse para preguntarnos: ¿cuántas mujeres desistirán de verse abocadas a un aborto gracias a que la sociedad les habrá facilitado los medios para poder llevar su embarazo a término en mejores condiciones? ¿Cuántos abortos se van a evitar con esta nueva reforma legislativa? Quizás ese sería el objetivo que podría obtener mayor consenso: lograr que un mayor número de mujeres embarazadas de modo inesperado no se vieran tan condicionadas por situaciones adversas como para plantearse un aborto.

Cuestiones sin resolver

Este planteamiento inicial, que es acorde con la buena práctica clínica, puede orientar las diferentes cuestiones aún sin resolver que suscita el anteproyecto: 1) Coordinación sociosanitaria imprescindible para responder a la pregunta que se debe hacer a toda mujer: ¿qué necesita para no verse en necesidad de abortar?” 2) Cómo atender los casos que no se incluyan en los supuestos de la nueva ley, y 3) Clarificación del diagnóstico sincero que se pide a los psiquiatras que intervendrán en la valoración mental de la mujer, para evitar que se repita la situación a la que dio lugar el supuesto de “riesgo para la salud psíquica” de la anterior ley de 1985, tal como se comentó en el reciente XVII Congreso Nacional de Psiquiatría.

Con estos puntos aclarados, si el planteamiento de reforma de la ley es de verdad el de no seguir dejando sola a la mujer con su problema, el ámbito sanitario y de protección social tendría mucho que aportar, ya que un falso respeto a la libertad de la mujer ha impregnado a la sociedad y al médico en su trabajo diario, lo que nos lleva a un indiferentismo ético preocupante.

Las situaciones que dan lugar a embarazos imprevistos difíciles de asumir son múltiples: exclusión social, falta de apoyos familiares, presiones laborales o del propio entorno, ausencia de recursos, entre otras. Desentenderse de todo ello debería parecer, al margen de ideologías, algo éticamente cuestionable.

Pero, ¿es posible un enfoque alternativo? Debería serlo. Siete comunidades autónomas han aprobado ya iniciativas legislativas reales creando redes de apoyo a la maternidad. Entre ellas, la comunidad de Castilla y León ha logrado en 2013 coordinar un Protocolo Conjunto entre las Consejerías de Familia, Sanidad y Educación dirigido a cambiar las situaciones que han originado la demanda de aborto, ofreciendo un ejemplo que debería seguirse. Este desarrollo legislativo fue aprobado sin votos en contra, lo que demuestra que el consenso es posible.

Esta apuesta por una protección real de la mujer embarazada, añadiendo simultáneamente la protección del concebido, manifestada en el nuevo anteproyecto, precisará de una importante dosis de generosidad social y de una amplitud de miras que lleve a nuestros representantes sanitarios a no encasquillarse en posturas de cerrazón estéril que no conducen a nada.

Por el contrario, desarrollar protocolos cooperativos multidisciplinares y promover una mayor responsabilidad entre todos es lo que podrá reunir un mayor consenso aunando voluntades para un mejor entendimiento social.

Descargar en pdf el “Protocolo de Actuación Conjunta entre las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, Sanidad y Educación para la atención y apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad”(Junta de Castilla y León, Valladolid, 23 de agosto de 2013), pinchando aquí.